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Hugo Chávez odia a Bush, pero ya se copió la Ley Patriota", dice Eusebio Ruiz, un técnico en mercadotecnia que usa el metro de Caracas para ir a su trabajo, en la zona comercial de Sabana Grande. La Ley de Inteligencia y Contrainteligencia que acaba de aprobar por decreto el presidente de Venezuela -que entre otras cosas obliga, bajo pena de cárcel, a cooperar con los organismos de seguridad del Estado- ha desatado la protesta de abogados y grupos de derechos humanos, que la consideran un atentado a las libertades.

La normativa, según sus críticos, es un monumento a la inconstitucionalidad y la ilegalidad, pues prevé procedimientos para la detención de personas y la apertura de indagaciones que contradicen los principios establecidos en la Constitución y en el Código Penal, en especial la presunción de inocencia. También permite a los cuerpos de seguridad intervenir teléfonos sin autorización judicial.

Por ello, algunos le han encontrado similitud con la Ley Patriota instaurada por Estados Unidos tras los ataques del 11 de septiembre de 2001 como mecanismo preventivo contra el terrorismo. Otros, en cambio, la vinculan directamente a la influencia de Cuba, principal aliado de Chávez, y acusan al Gobierno de pretender convertir a todos los ciudadanos en confidentes de los cuerpos de seguridad. La nueva ley prevé utilizar a "las redes sociales y organizaciones de participación popular" como "órganos de apoyo a la actividad de inteligencia", lo que recuerda a los llamados Comités de Defensa de la Revolución (CDR) cubanos, previstos como mecanismo de control y represión. La negativa a colaborar con los organismos de seguridad puede acarrear penas de hasta cuatro años de cárcel. +